Michael Antonio: en una bala, perdida, la vida

Senadora Gilma Jiménez

Gilma Jiménez
(Partido Verde)

En la madrugada del 25 de diciembre, Michael Antonio de 9 años, resultó gravemente herido por una bala perdida en Bogotá; el 27 de diciembre el Hospital anunció su muerte cerebral.

Solo en la noche de navidad y el 25 de diciembre fueron reportados 18 personas quemadas con pólvora, 16 son menores de edad, entre ellos, un niño de 8 años que perdió los dedos de una mano y otro de 12 años que tiene quemaduras en su rostro, quienes se encuentran hospitalizados en Bogotá, en total van 196 menores de edad quemados en lo que va corrido de estas fiestas de Navidad.

Antioquia, Valle, Caldas, Santander y Quindío los departamentos con mayor número de quemados; hay 23 niños quemados en la tragedia de Dosquebradas de los cuales 5 se encuentran en estado crítico, entre ellos una bebé de 6 meses; en Barranquilla un niño de 9 años sufrió intoxicación etílica al consumir una botella de aguardiente que le vendieron en una tienda; en Medellín un niño de 6 años fue herido por un petardo que estallo en un Centro Comercial el 23 de diciembre; en Bucaramanga, un niño resulto herido tras ataque de sicarios.

Quienes por acción u omisión son responsables directos o indirectos de estas tragedias, deben ser judicializados y condenados, sin atenuantes. El calificativo de “culposo” no puede ser el común denominador, para que por lo menos se haga justicia.

Matar o herir niños por disparar armas irresponsablemente, venderles o facilitarles pólvora, venderles licor o atropellarlos en estado de embriaguez, no pueden ser conductas llenas de justificaciones sociales, que terminan en condenas que se convierten en una burla para los niños y la sociedad, y en prácticamente un escenario de dolorosa impunidad.

Ese cuadro de dolor, a estas alturas y después de años de campañas preventivas, para tratar de convencer a unos adultos de lo que es obvio, que los convierte en delincuentes e incapaces mentales cuando cometen esas salvajadas, nos indica que no podemos seguir permitiendo que año tras año, la navidad sea el mes más doloroso para decenas de niños en Colombia y una feria de reiteradas impunidades.

De manera respetuosa, pero enfática solicito a los fiscales y jueces que conocen de estos hechos delictivos, que los responsables sean judicializados a la luz del artículo 44 de la Constitución Política y de los mandatos del Código de Infancia y adolescencia.

Aquí se trata de proteger y salvaguardar la Ley y el estado social de derecho, pero ante todo la prevalencia de los derechos de los niños. Por la identidad de la víctimas, la gravedad de las lesiones y la evidente irresponsabilidad de los adultos implicados en los hechos, para estos crímenes se debe aplicar prevalentemente el Código de Infancia y no solo el Código Penal, pues se deben buscar penas ejemplarizantes y no excarcelables.

Debe quedar en claro, que el que se meta con un niño la paga. Como debe ser.